Proyecto Juntos

La persona facilitadora genera confianza y empatía hacia las personas con discapacidad intelectual. Ver video.

Leyes sobre discapacidad: Ley 13/1982, de 7 de abril de Integración Social de Minusválidos. Acceder a ley.

Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. Acceder a ley.

FÁCIL LECTURA – Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica  Acceder a ley

Informe: La facilitación en el acceso a la Justicia. Acceder a informe.

Claves Ley 8/2021. Acceder a la infografía.

¿En qué consiste la figura del guardador de hecho? Acceder a la infografía

“Planificando el futuro. Aspectos jurídicos.” – Maria José Ruano.  Ver vídeo

¿Qué es la accesibilidad cognitiva? Acceder a noticia.
El derecho a la accesibilidad cognitiva por fin es de ley. Acceder a noticia.
Ciclo de accesibilidad cognitiva: accesibilidad en la participación (Plena Inclusiva). Ver video.

Calidad de vida familiar. Acceder a noticia

Derechos de las familias. Acceder a noticia

Proyecto de accesibilidad cognitiva. Ver video

Familia y discapacidad. Acceder a la lectura

Cuestiones que afrontan las familias. Ver tabla

Libro FEAPS familia. Acceder a la lectura

Los padres y la transición a la vida adulta. Acceder a la lectura

Discapacidad y transición a la vida adulta. Acceder a la lectura

Formación para la autonomía y la vida independiente. Acceder a guía.
Planificando el futuro en familia. Acceder a guía.
Planificación centrada en la persona. Acceder a guía.                                                                                                              Envejecimiento y Síndrome de Down. Acceder a guía.
Después del empleo. Envejecimiento con discapacidad intelectual. Acceder a guía.
Personas con necesidades de apoyo. Envejecimiento. Acceder a guía.

En primer lugar, es necesario saber que las prestaciones y servicios que se conceden a personas con discapacidad y/o a sus familiares se intentan adaptar a las necesidades, requerimientos y realidades de las mismas. Por este motivo, las diferentes Administraciones, establecen una serie de ayudas, servicios, prestaciones y bonificaciones fiscales en función a la realidad de cada persona cuya finalidad última es la de mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y sus familiares. Como consecuencia de ello, no todas las personas con discapacidad reciben las mismas prestaciones o apoyos.

Por ejemplo, no se reconocerá la misma prestación o servicio a una persona con diagnóstico de discapacidad intelectual con grandes necesidades de apoyo e ingresos limitados, que a una persona con diagnóstico de enfermedad mental que es autónomo para su funcionamiento diario y trabaja en empleo protegido. Dichas prestaciones varían en forma y se otorgan teniendo en cuenta, entre otros, el diagnóstico de la persona con
discapacidad, el Grado de Discapacidad, la situación económica y, si existe, el Reconocimiento de situación de Dependencia.

Página web de la Comunidad de Madrid.

Página web del ministerio de Hacienda y Función Pública.

Estas ayudas y prestaciones pueden variar según el lugar de residencia, puesto que existen ayudas que son concedidas por las distintas Administraciones. Sin embargo, encontramos algunas de ellas que son comunes a todo el territorio nacional, puesto que hay una regulación legal.

Para asesorar sobre cuáles podrían ser las ayudas a las que la persona con discapacidad es susceptible, se puede contactar con los trabajadores sociales próximos, bien a través de los Servicios Sociales de referencia de la localidad en la que se reside, o a través de entidades sociales de la comunidad, como pudieran ser asociaciones especializadas. De este modo, puede darse una evaluación de la realidad social de cada persona y orientar hacia una dirección u otra.

Por ejemplo, podría valorarse el acceso a un recurso residencial o diurno para personas con discapacidad intelectual, título de familia numerosa, la Prestación Económica Vinculada al Servicio, la prestación por hijo a cargo, bonificaciones en la Declaración de la Renta, Pensión No Contributiva…Dependiendo de que cada ayuda, existe un procedimiento y una Administración pública que se ocupa de gestionar el proceso, asegurando que se cumplen los criterios para su concesión.

Es una valoración para determinar de qué manera la discapacidad afecta a una persona en su autonomía y qué impacto tiene en su funcionamiento habitual. Se utiliza para determinar apoyos y posibles herramientas y siempre se determina en un porcentaje. Se solicita en el Centro Base de atención a personas con discapacidad. Puedes consultar tu Centro Base aquí: Debes presentar:

• Solicitud de Reconocimiento de Grado de Discapacidad. Es un documento oficial que debe rellenarse con datos personales, de contacto, de notificación…
• Documentos que acompañan: tarjeta sanitaria e informes médicos y/o psicosociales que avalen la discapacidad alegada, entre otros documentos.

Una vez presentada la documentación, la persona será citada por el equipo multidisciplinar que valorará, junto con la documentación aportada, la situación de discapacidad mediante entrevista personal. Se ocuparán de determinar si la discapacidad psíquica, física, mental o intelectual supone una dificultad o barrera para la plena participación en la sociedad. Tras la valoración del expediente por parte del equipo multidisciplinar, se elabora el Dictamen Técnico Facultativo y se emite la resolución del Grado de Discapacidad. En este documento se refleja:

• El porcentaje.
• Una enumeración de los diagnósticos de la persona.
• Una valoración de factores sociales.

A efectos prácticos, si se establece menos de un 33% no existen beneficios fiscales o sociales. En el documento se establece el plazo de validez: puede ser permanente o revisable.